Ante la grave problemática en el sector azucarero que amenaza con desbordarse en expresiones de protesta en 15 entidades del país, dado que los alrededor de 165 mil productores de caña no aceptan que los industriales pretendan pagarles con el endulzante a falta de liquidez, la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera en el Senado de la República lanzó un exhorto al Gobierno federal, a los mandatarios de aquellos estados y a los empresarios para concretar un acuerdo que solucione el conflicto.
“El retraso del pago de la zafra 2007-2008 hace latente el riesgo de una convulsión social”, advirtieron ayer en conferencia de prensa los senadores del PRD Arturo Hervix Reyes y Francisco Javier Castellón Fonseca.
Sin embargo, Hervix Reyex, presidente de dicha comisión, aseveró que las pláticas para solucionar la crisis en ese sector van muy avanzadas, y resaltó que por primera vez en la historia, el Gobierno federal dio muestras de voluntad política, también los gobernadores, así como empresarios para llegar a un acuerdo de financiamientos “baratos” a industriales y subsidios directos a los productores en la próxima temporada.
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El sector privado junto con diversas instituciones educativas y de investigación acordaron evaluar la política agroalimentaria del país a fin de diseñar una nueva política con visión de largo plazo, y así aprovechar la coyuntura mundial para modernizar al campo mexicano y dejar de verlo sólo como un problema.
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que sienta las bases para la investigación del genoma humano en México y sanciona con hasta 800 mil pesos a investigadores o laboratorios que hagan mal uso del mismo.
Así como el gobierno federal pide a la iniciativa privada invertir en el campo, las autoridades deben hacerlo en infraestructura que le sirva a los campesinos, expresó Jaime Yesaki.
Ante el cierre de las fronteras de Estados Unidos al tomate mexicano, por supuestos brotes de salmonelosis, el Senado de la República actuará para defender el posicionamiento de la producción local en el vecino país del norte.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes Arroyo, demandó al gobierno federal que aplique una política agroalimentaria alejada de intereses político-electorales, y que responda a los desafíos del país; a los inversionistas les pidió respaldar al sector, y a los productores ser más ingeniosos para producir los alimentos que demanda la población.
De manera constante, pausada a veces, otras con dolor colectivo y hasta con serias contradicciones, la realidad trastoca el modelo productivo impuesto al país durante el último cuarto de siglo. A pesar de las múltiples señales de alarma que tanto en lo petrolero y en el campo nacional se escuchan por todo el sistema de producción y convivencia respectiva, la cúpula decisoria de México, el oficialismo más atrincherado, insiste en perseverar en la continuidad el modelo en boga. Poco se inmutaron ante el reciente disparo en los precios de la tortilla, debido al súbito, aunque anunciado, incremento en los precios internacionales del maíz y la especulación interna sin controles adecuados. Tampoco parecen conmovidos por la que ya se llama crisis generalizada de los granos: arroz, trigo, soya, maíz y sus muchos derivados en cárnicos, huevo, leche y demás. Pero lo que llega a un punto por demás dramático lo constituye el apego de ese irreductible oficialismo a plantear la ansiada apertura de la industria energética.
“La gran tragedia de México es que carece de un plan agropecuario estratégico”, sostiene el coordinador del Grupo Parlamentario del Sector Agrario del PRI, diputado César Duarte Jáquez, cuando advierte que el fantasma del desabasto y la carestía galopan amenazantes y ponen en peligro la estabilidad de las instituciones nacionales.
En las últimas tres décadas nuestro país ha carecido de instituciones agropecuarias o vinculadas a estas actividades, que sean responsables, eficientes y se aboquen a los objetivos para los cuales se han proyectado, mientras los programas agrícolas no se cumplen o están diseñados para los empresarios agrícolas, el sector que cuenta con más recursos financieros.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza (NA) solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al gobierno federal para que informe sobre las medidas instrumentadas para compensar el alza de los costos internacionales de granos, las prácticas desleales de comercio de nuestros socios y su impacto en el campo mexicano.
Diputados federales del PRI y del PRD pidieron al gobierno federal aplicar medidas para “blindar” al país ante la crisis de alimentos que se empieza a resentir a nivel mundial y de esa forma garantizar el abasto a la población.
Al definir la seguridad alimentaria como un asunto de Estado, el presidente Felipe Calderón puso en marcha este domingo 19 acciones en apoyo a la economía familiar, para hacer frente al alza internacional de los precios de los alimentos.
Por unanimidad los integrantes de la Comisión de Agricultura del Senado de la República acordaron resolver su rezago legislativo.
Los ministros de Agricultura de la UE se reúnen mañana en Bruselas para estudiar una respuesta a la crisis alimentaria, que según la propuesta de la Comisión Europea debe incluir el recorte de los subsidios agrícolas.
La economía mexicana y la vida social y política del país quedaron marcadas por coyunturas que incidieron en el rumbo de los últimos 25 años. Este cuarto de siglo no puede ser explicado sin dimensionar los efectos de la crisis de 1982-83, el relevo sexenal de 1988-89, la crisis 1994-95 y, en el año 2000, el ascenso al control del poder ejecutivo federal de una fuerza política distinta al PRI.
La crisis alimentaria en México se debe a que la soberanía alimentaria no es defendida por el gobierno mexicano, debido a que realiza acciones en beneficio de grandes empresas agrícolas, que sólo benefician la especulación y no la inversión en el campo mexicano, señaló Aleira Lara, coordinadora de la campaña Agricultura Sustentable de Greenpeace, organización ecologista que cumple quince años hoy.